Los choferes de la línea 60 rechazaron los seis puntos propuestos por el Ministerio de Trabajo para destrabar las negociaciones con la empresa Micro Omnibus Norte SA (Monsa), y durante la jornada de ayer siguieron con el paro por tiempo indeterminado. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, apeló a la “responsabilidad de los dirigentes”, porque consideró que “están dadas las condiciones para levantar las medidas”. El ministro ya admitió “ciertos incumplimientos en el pago de haberes” por parte de la empresa, pero afirmó que el paro por tiempo indeterminado “no es una metodología aplicable a un servicio público” porque afecta a “Dios y María Santísima”. También advirtió a los trabajadores que deben levantar la medida si desean alcanzar una “solución definitiva”. Tras el fracaso de la negociación del miércoles, no hubo más diálogo entre las partes. Desde la comisión gremial interna le respondieron a Trabajo que Monsa “pague primero lo que debe” en concepto de salarios mal liquidados y recién “después” los trabajadores levantarán el cese de actividades que comenzó el lunes pasado.
Para los choferes, nada de lo sucedido en las últimas horas modificó lo decidido por la asamblea de ayer a la mañana, donde aprobaron la realización de “cortes en Capital y el Gran Buenos Aires” en una “hora pico” a establecer. En diálogo con Página/12, el delegado Hugo Schwartzman dijo que ayer “no hubo reunión en Trabajo ni ningún tipo de acercamiento con la empresa, que no quiere dialogar con nosotros, sino que hace varias semanas manda empleados vestidos como choferes que portan armas, a lo que se suma que no atienden a los delegados y nos deben vacaciones, horas extra, francos y días por enfermedad mal liquidados”. Respecto de la conciliación obligatoria dictada por Trabajo y desconocida por los empleados, el representante gremial explicó que “ya la cumplimos entre el 8 de marzo y el 8 de abril”, porque “el conflicto viene desde enero”. En la cabecera de Constitución repartieron volantes explicativos, y en la otra punta del recorrido hubo un corte en la colectora de la Panamericana, en Ingeniero Maschwitz.
“Hasta que no se deposite la plata que nos deben, no vamos a levantar la medida”, advirtió el delegado Néstor Marcolín y argumentó que la última propuesta del ministerio fue rechazada “precisamente porque no había suficientes garantías de que se pudiera cumplir en esas condiciones”. Según el delegado, la empresa “está ofreciendo plata en concepto de vales, como si el problema primordial fuera un pequeño reclamo económico, y como ignoran nuestras demandas estamos en paro y asamblea permanente”. Días atrás, en un comunicado, la comisión interna había exigido “el cumplimiento del dictamen resolutivo del 3 de junio del Ministerio de Trabajo, la expulsión de la patota sindical y el reconocimiento del cuerpo de delegados elegido democráticamente por cuarta vez”.
La viceministra de Trabajo, Noemí Rial, había advertido que, ante la desobediencia de los choferes a la segunda conciliación obligatoria, “se cayó” la disposición, lo que “implica que los trabajadores no percibirán los 600 pesos” ofrecidos, y alertó que se analizarán “los pasos a seguir”. El delegado Angel Perticaro replicó que la funcionaria “toca de oído”, porque “es muy facilista criticar las cuestiones ajenas cuando no se padecen día a día” y dijo que “lo establecido en la resolución (rechazada) fue un parche, no una solución definitiva”.
Mientras la solución se aleja, el conflicto recrudece. El delegado Schwartzman dijo que “a uno de los delegados le quemaron el auto en la puerta de la casa y a otro compañero lo amenazaron junto a su familia”. Y ayer se cruzaron el presidente de la licenciataria de la línea 60, Marcelo Pasiuto, con otro de los delegados, Néstor Marcolín. Según Pasiuto, hay una minoría que decide las medidas, y la acusó de haber tomado la empresa con violencia. Marcolín le contestó que la huelga es “unánime y legítima”, al tiempo que describió que el lunes pasado “uno de los empleados contratados por la empresa recientemente sacó un arma y se la puso en las costillas a un trabajador: fue la primera vez que alguien sacó un revólver en nuestras asambleas”.
El Ministerio de Trabajo dispuso anoche que la empresa Monsa le pague a cada empleado 600 pesos a cuenta de una deuda aún por determinar y también realizar una auditoría sobre las liquidaciones salariales. Recién a la tarde podría volver el servicio.
El Ministerio de Trabajo llamó anoche a conciliación obligatoria por 15 días en el conflicto entre los trabajadores de la línea 60 de colectivos y la empresa Monsa SA, que ayer mantuvo paralizado el servicio. También dispuso, junto a la Secretaría de Transporte, que la compañía le abone a cada empleado 600 pesos a cuenta de deudas salariales aún por determinar, así como realizar una auditoría para revisar todas las liquidaciones de sueldos, caso por caso. La decisión fue tomada a última hora, luego de que no produjera resultados una negociación de varias horas entre las partes y de que los choferes ratificaran la continuidad del paro “por tiempo indeterminado”.
Los trabajadores le exigen a la empresa Monsa SA, gerenciadora del servicio de la línea 60, el pago de haberes que consideran adeudados y el reconocimiento de los delegados gremiales. El paro comenzó el lunes por la noche, tras una serie de incidentes que dejaron un saldo de seis empleados heridos y, según Monsa, destrozos en la empresa. Ayer, durante varias horas, se realizó un encuentro entre las autoridades empresariales, delegados, la UTA y funcionarios de la cartera laboral. “No se llegó a ningún acuerdo. Nosotros decimos que sí nos deben dinero y ellos (la empresa) lo niegan”, aseguró entonces a este diario Daniel Farella, uno de los delegados gremiales.
En ese contexto, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y, según la información que manejaba la cartera, recién por la tarde de hoy podría normalizarse el servicio. “Estamos llamando a las partes a deponer toda actitud perjudicial para resolver el conflicto”, dijo anoche a Página/12 Noemí Rial, titular de la Secretaría de Trabajo. “Es un conflicto muy complejo y lo primero que necesitamos es pacificar la situación.” La funcionaria detalló que se dispuso que Monsa pague a cada trabajador, en los próximos cinco días, un adelanto de 600 pesos. También se resolvió que una comisión conformada por la CNRT y la cartera laboral “realice una auditoría trabajador por trabajador para determinar cuáles son las diferencias salariales”. Según explicó Rial, “la empresa dijo que (hoy) por la mañana no estaría en condiciones de reanudar el servicio, pero sí podría hacerlo por la tarde”.
Poco antes de conocerse las resoluciones de Trabajo, el delegado de los choferes Angel Perticaro advertía que los trabajadores mantendrían la medida de fuerza “hasta tener soluciones concretas. La empresa tiene que pagar lo que nos debe”, remarcó.
El enfrentamiento es la continuación de un conflicto que tuvo su primer capítulo en marzo pasado. Entonces, el Gobierno debió intervenir entre el cuerpo de trabajadores y la cúpula empresarial, luego de que los empleados realizaran un paro y una concentración en la Panamericana por reclamos salariales. Las medidas de fuerza se levantaron cuando Trabajo reconoció, dictamen mediante, errores en el método empleado por Monsa SA para liquidar vacaciones, la intimó a pagar 300 pesos a cada empleado a cuenta de la equivocación y a corregir los métodos de cálculo.
Los trabajadores aseguran que, luego, la empresa no sólo no cumplió, sino que “sumó más deudas y sigue amedrentándonos”, apuntó Farella, delegado de la cabecera Constitución de la línea. Hace poco más de diez días, los trabajadores retomaron los reclamos argumentando que Monsa “nunca recalculó las vacaciones”, deuda a la que se le suman diferencias por “mala liquidación en las horas extra, días de enfermedad justificados incluso por médicos de la clínica impuesta por la empresa”, enumeró. Además, los empleados exigen que la empresa reconozca al cuerpo de delegados “elegido por 1032 trabajadores de una planta total de 1500”, a fines de agosto.
Después de que la negociación de ayer pasara a cuarto intermedio, el presidente de Monsa, Marcelo Pasciuto, denunció que “los trabajadores rompieron la empresa”, negó que la compañía les adeude dinero y resaltó que “la medida de fuerza no fue consultada con la UTA”. Además, se definió como “rehén de un reclamo que no se entiende”. Pasciuto aseguró que, tras ocho horas de reunión en el ministerio, “no quedó nada claro” e insistió en que, tras el reclamo realizado por los trabajadores en marzo, “se realizó una auditoría sobre los recibos de sueldo de los últimos seis años, sin llegarse a ninguna conclusión” contra la empresa.
Hasta el lunes, los trabajadores mantenían la protesta en estado de “alerta y movilización”. Decidieron el paro luego de que “una patota armada de la patronal interrumpiera una asamblea pacífica que estábamos haciendo adentro de la empresa (en la sede de Ingeniero Maschwitz) a los golpes y amenazas”, denunció Farella. Los enfrentamientos se replicaron en la terminal de Plaza Constitución. Seis trabajadores resultaron heridos. El paro se mantuvo todo el día de ayer, acompañado de una manifestación sobre una colectora de la Panamericana.
Mientras el Ministerio de Trabajo citó para hoy a las 10 a los representantes de la línea 60 de colectivos y a los trabajadores, el conflicto que perdura sumó ayer varios capítulos entre los que sobresalen cuatro heridos de bala (tres de goma, una de plomo), que la Policía Bonaerense niega, el auto incendiado de un delegado, golpes, amenazas y un paro por tiempo indeterminado.
Alrededor de 1200 de los 1500 choferes que conducen los colectivos de la línea, propiedad de DOTA desde 2010, realizaron ayer una asamblea a las 5 de la mañana para implementar el quite de colaboración. Dos horas antes, el automóvil del delegado Néstor Marcolín fue incendiado en la puerta de su domicilio. Tras esa asamblea, dos personas agredieron a un trabajador y en una nueva reunión se resolvió el paro por tiempo indeterminado. Allí fue que en la cabecera de Ingeniero Maschwitz se generaron los graves incidentes de los que habrían surgido los heridos de bala. Por la noche, en la cabecera de Constitución, Néstor Marcolín pidió que “la empresa saque la patota que nos está apretando hace cuatro meses”.
El conflicto no es nuevo. A principios de año, la Comisión Gremial Interna (CGI) denunció la falta de liquidación de haberes en concepto de vacaciones y días compensatorios, con una deuda a cada trabajador entre 500 y 1500 pesos de enero y febrero pasados, según señalaron los delegados. Luego vinieron jornadas de paro tanto en abril como en junio, que incluyeron bloqueos de tránsito, paros de actividad, huelgas de hambre y marchas de los trabajadores, además de reuniones en el Ministerio de Trabajo donde se firmó un acta de compromiso de la firma, que los trabajadores afirmaron nunca haber recibido. Ayer denunciaron, además, que en un video que puede verse en Youtube aparece al accionisa Ángel Faija diciendo que “esto se resuelve patota contra patota”.
Los trabajadores en conflicto no recibieron apoyo alguno de parte del sindicato Unión Tranviario Automotor (UTA) y sí de ferroviarios empleados de las ex líneas Sarmiento y Belgrano Sur, tanto como de los delegados del Hospital Garraha
